La reciente advertencia del senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, al director de la Administración del Seguro Social (SSA), Frank Bisignano, ha puesto de relieve la creciente preocupación sobre el uso de datos gubernamentales para fines electorales en Estados Unidos. Wyden ha señalado que cualquier intento de implementar la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que busca crear una base de datos de votantes utilizando información de la SSA, sería interpretado por los demócratas como una participación deliberada en una "suplicación de votantes".
El 31 de marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que instruye a varios funcionarios, incluyendo al secretario de Seguridad Nacional y al director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., a compilar listas de votantes estadounidenses para cada estado. Estas listas incluirían información sobre el estatus de ciudadanía de los votantes. Para llevar a cabo esta tarea, las agencias involucradas se basarían en el controvertido sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado desarrollando durante la administración de Trump, además de los registros de la SSA y de ciudadanía y naturalización federal.
Las listas generadas serían enviadas a los estados, muchos de los cuales ya han rechazado esfuerzos previos de la administración Trump para recopilar datos sobre votantes o para dictar listas de registro. Un apartado de la orden también instruiría al director de servicios postales a elaborar una lista similar de votantes que son elegibles para votar por correo, lo que genera más inquietudes sobre la integridad del proceso electoral.
Wyden considera que la intención de esta orden ejecutiva es clara: socavar el voto por correo y despojar a los votantes elegibles de su derecho a participar en las elecciones. En su carta a Bisignano, enfatiza que la SSA tiene la responsabilidad de garantizar que sus datos no sean mal utilizados en este esfuerzo. Además, el senador se une a las voces de numerosos funcionarios estatales y expertos electorales que han calificado la orden ejecutiva de Trump como una invasión inconstitucional de la rama ejecutiva sobre las autoridades electorales, que la Constitución de EE. UU. claramente asigna al Congreso y a los estados.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca ya ha enfrentado desafíos legales por parte de funcionarios estatales y defensores de los derechos de voto. De hecho, una orden ejecutiva anterior, menos ambiciosa, que intentó afirmar autoridades similares de la rama ejecutiva fue en gran medida revocada por los tribunales estadounidenses. En este contexto, la misiva de Wyden no solo es un llamado a la cautela, sino también una invitación a reflexionar sobre las implicaciones legales y éticas de seguir la orden de Trump.
El senador pregunta a Bisignano cómo garantizará que la SSA no esté despojando a los votantes de sus derechos y si se ha solicitado permiso a los ciudadanos para utilizar sus datos de Seguro Social en la elaboración de una lista electoral federal. Señala que las propias regulaciones de la SSA limitan la divulgación de datos a "uso rutinario para determinar la elegibilidad o el monto de los beneficios en un programa de salud o de mantenimiento de ingresos". Ampliar el papel de la agencia a temas electorales —un ámbito en el que no tiene experiencia— sería una violación directa de estas normas.
La conclusión de Wyden es contundente: compartir los datos personales de los estadounidenses con el DHS para crear una lista de "ciudadanía estatal" no cumple con los estándares éticos y legales que rigen la protección de datos. La advertencia del senador pone de manifiesto la intersección crítica entre la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la integridad electoral en una época en que la confianza en las instituciones democráticas se encuentra más amenazada que nunca.
Este desarrollo no solo afecta a los votantes, sino que también plantea serias cuestiones sobre el futuro de la protección de datos en EE. UU., especialmente en un clima político donde la manipulación de la información se ha convertido en una herramienta común en el arsenal de estrategias políticas. La respuesta de la SSA a esta inquietud será observada de cerca, ya que podría sentar un precedente para la forma en que las agencias gubernamentales manejan la información personal en el contexto electoral.