Título: El tiempo favorece a Sito Miñanco
Contenido reformulado: El 5 de febrero de 2018, coincidiendo con la visita del rey Felipe VI a las instalaciones de la Brigada Central de Estupefacientes, ubicadas en el Complejo Policial de Canillas en Madrid, los más destacados agentes de dicha unidad se desplegaban en diversas localizaciones de España. Había comenzado la fase culminante de la operación Mito, la cual resultó ser la acción antidrogas más significativa desde la conocida operación Nécora, a juzgar por los nombres y apellidos de las personas detenidas.
El Mito, que da nombre a la operación, es José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, quien fue arrestado en el chalé de Algeciras donde residía temporalmente, ya que se encontraba en un régimen de semilibertad. Junto a él, fueron capturadas alrededor de medio centenar de personas en Galicia, Madrid y Andalucía.
El célebre narcotraficante gallego no había estado ocioso desde su salida de prisión, según afirman la Policía Nacional y la Fiscalía Antidroga. Se había rodeado de su ‘guardia pretoriana’, individuos que le habían demostrado lealtad en el pasado y en quienes confiaba para llevar a cabo su actividad habitual: la introducción de cocaína en España.
El primero en ser detenido aquel 5 de febrero fue Miñanco. Posteriormente, en un efecto dominó, fueron arrestados sus lugartenientes más cercanos, quienes, según la acusación, incluyen a los gallegos David Pérez Lago, Francisco Javier Pérez Rivas y Juan Antonio Fernández, así como al colombiano Quique Arango y a la andaluza Leonor Pérez.
Todos estos individuos se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional en el primer trimestre de 2025, junto con otros investigados, entre los que destacó un nombre muy conocido por diversos motivos: Gonzalo Boye, quien había sido abogado del capo gallego y está acusado de intentar recuperar una significativa suma de dinero que, según la Policía, pertenecía a Miñanco y provenía del tráfico de drogas.
Boye, que también es abogado de Carles Puigdemont, ahora defiende los intereses de dos prominentes capos del narcotráfico ecuatoriano que han sido liberados en España tras su detención inicial: el Comandante Willy y Pipo Chavarría, líderes de Los Tiguerones y Los Lobos, respectivamente.
La sentencia se está demorando por varios motivos. Uno de ellos es la complejidad de los hechos, ya que la acusación relaciona a Miñanco y a los otros investigados con un alijo que fue interceptado en altamar unos meses antes, en octubre de 2017, así como con un contenedor confiscado en La Haya. Existen numerosos indicios al respecto, incluyendo conversaciones y documentos encontrados en los registros del barco y de las viviendas. El capo cambadés rechaza las acusaciones. Incluso niega que la voz captada en las grabaciones sea la suya, algo que a todas luces parece evidente.
La Fiscalía ha encontrado dificultades para acreditar con precisión la implicación de los 46 acusados en los hechos, y es aún más complicado para el tribunal, presidido por Alfonso Guevara durante el juicio, integrar todas las piezas del rompecabezas. Actualmente están trabajando en ello y no deberían tardar mucho en hacerlo, ya que el paso del tiempo suele favorecer a los acusados.
A finales de marzo de 2025, durante la fase final del juicio, el fiscal presentó sus conclusiones definitivas, que incluyen una solicitud de 31 años de prisión para el presunto líder de la organización, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. A excepción de la retirada de la acusación contra los investigados fallecidos, el fiscal mantiene los cargos contra los restantes, que suman 45 individuos más, abarcando el núcleo duro del capo de Cambados y varios colaboradores.
Entre estos últimos destaca Gonzalo Boye, quien se enfrenta a una pena de nueve años y nueve meses de prisión por intentar recuperar 900.000 euros vinculados a la red del narcotraficante gallego. El letrado, acusado de blanqueo de capitales de Miñanco y falsificación de documentos oficiales, también optó por negar los hechos. Esta estrategia fue adoptada por la gran mayoría de los acusados, quienes, a cambio, se arriesgan a ser condenados a largas penas de prisión.
En cualquier caso, cuando se dé a conocer la sentencia, los acusados tendrán la opción de apelar ante la propia Audiencia Nacional y posteriormente ante el Tribunal Supremo, de modo que su ingreso en prisión, en caso de ser condenados, no se llevará a cabo en un plazo corto. Además, las penas se verán disminuidas desde el inicio debido a las ya conocidas dilaciones indebidas, es decir, el retraso en el procedimiento por causas ajenas a los acusados, algo muy evidente en un caso cuya fase de explotación tuvo lugar en 2018 y cuya sentencia aún no se ha emitido a mediados de 2026. Y esto, en caso de que todos sean condenados, lo que resulta complicado dada la complejidad del asunto.
