Título: Descubren la red que proveía de infraestructura a la Mafia Albanesa de la marihuana
Contenido completo: Los lectores de medios especializados son conscientes de los vínculos de la Mafia Albanesa de la marihuana en España, pero hasta el momento solo se había podido atacar sus centros de cultivo y, ocasionalmente, a algunos de sus miembros. En esta ocasión, las autoridades, a través de una acción coordinada, han logrado descubrir de manera inusitada las actividades de una organización dedicada a proporcionar infraestructura a dichas redes criminales, ofreciendo también un canal para el blanqueo de sus beneficios económicos.
De este modo, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han conseguido desarticular una organización criminal que operaba bajo otra fachada empresarial dedicada a la comercialización de productos de growshop, pero que en realidad suministraba de manera organizada los materiales necesarios para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala.
En la fase final del operativo se llevaron a cabo trece entradas y registros, de los cuales doce se realizaron en la provincia de Tarragona, específicamente en Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort; y uno en Peligros, Granada. En estas intervenciones se confiscaron 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un automóvil y una motocicleta), material tecnológico y una considerable cantidad de documentación relevante para la investigación. El núcleo central de la organización se encontraba en una empresa establecida en el área de Tarragona con actividad legal declarada que utilizaba para encubrir movimientos ilícitos multimillonarios gracias a sus conexiones con la Mafia Albanesa en el ámbito del negocio de la marihuana.
Como resultado de la operación, se ha revelado que las empresas investigadas no solo comercializaban productos individuales, sino que ofrecían un servicio integral al proporcionar todos los elementos necesarios para la instalación completa de cultivos ilegales de marihuana (iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental), facilitando así la creación y mantenimiento de las plantaciones.
La organización contaba con una estructura jerárquica que incluía un núcleo directivo responsable de la toma de decisiones estratégicas y la coordinación de las diferentes sedes. Estas empresas, situadas en diversos puntos del territorio nacional, operaban de manera discreta, sin actividad comercial visible al público, funcionando generalmente a puerta cerrada, salvo en momentos puntuales de carga y descarga de mercancías.
La investigación ha permitido confirmar que estas sociedades mercantiles, que aparentemente operaban de manera independiente, funcionaban en realidad como una única estructura empresarial coordinada. Este entramado compartía recursos logísticos, operativos y comerciales, incluyendo plataformas de venta, gestión de personal y distribución de mercancías, actuando de forma unificada bajo una dirección común.
Aunque la actividad declarada era la venta al por mayor a establecimientos, la investigación ha puesto de manifiesto una doble operativa diferenciada. Por un lado, la venta a otras empresas, que ofrecía un menor margen de beneficio y apariencia de legalidad; y, por otro, la venta directa a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, con una mayor rentabilidad económica y realizada al margen de los canales legales de facturación.
Estas ventas directas se llevaban a cabo principalmente en efectivo, sin la emisión de factura, con el objetivo de eludir la trazabilidad de las operaciones.
Los agentes han demostrado la existencia de una doble contabilidad: una oficial, presentada ante la administración, y otra paralela, relacionada con los ingresos generados por las ventas ilícitas. Estas operaciones se realizaban también mayoritariamente en efectivo para evitar su trazabilidad.
El capital de la contabilidad paralela ascendía aproximadamente a 13 millones de euros y era almacenado, contabilizado internamente y redistribuido dentro de la misma organización para cubrir pagos a proveedores y gastos personales, así como para introducirlo progresivamente en el circuito económico legal.
Durante el periodo de investigación, las cuentas bancarias asociadas a los principales responsables registraron movimientos de capital que superaron los 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no alcanzaba los 15 millones.
Además, la organización contaba con una filial en Alemania, desde donde replicaba la misma operativa ilícita. Esta delegación, estratégicamente ubicada, permitía ampliar el alcance de la actividad a nivel europeo y facilitaba la gestión de importantes volúmenes de efectivo, aprovechando particularidades normativas en materia de pagos.
La organización implementaba medidas específicas para proteger la identidad de sus clientes, muchos de ellos asociados a grandes plantaciones de marihuana. Entre estas medidas se incluían sistemas de entrega indirecta, ocultación de direcciones finales y el uso de intermediarios para la recepción de mercancías.
Los responsables y empleados del entramado eran plenamente conscientes del destino ilícito del material proporcionado, participando activamente en la gestión de pedidos, fijación de precios y logística de distribución.
