España se consolida como el refugio indiscutible del narcotráfico: se anticipa un incremento en las excarcelaciones.

⟫ marzo 24, 2026 ⟫ Redacción

Título: España se consolida como el epicentro del narcotráfico: inminente oleada de excarcelaciones

Contenido completo: En numerosas ocasiones hemos señalado la fragilidad del sistema judicial en España, que termina favoreciendo a los narcotraficantes. Este tema ha sido abordado incluso en un libro titulado "Paraíso: por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial" (Plaza & Janés, 2026). Las absoluciones de Jonas Falk, conocido como El Pablo Escobar sueco, así como las liberaciones posteriores y fugas de altos dirigentes de la Mocro Mafia, junto con la reciente excarcelación del Comandante Willy, líder de Los Tiguerones de Ecuador, son ejemplos claros. Para agravar la situación, una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 23 de febrero, ha desmantelado, de manera literal, investigaciones que habían requerido meses e incluso años de trabajo.

El diario El País fue el encargado de adelantar en su edición de este lunes la liberación de 24 personas investigadas en el contexto de la operación Sombra Negra, una extensa labor policial que comenzó con la identificación de un pecio fantasma en Lanzarote, el cual funcionaba como estación de combustible para los narcotraficantes. Esta operación resultó en decenas de arrestos, la mayoría de los cuales se llevaron a cabo en el Campo de Gibraltar, en relación con la introducción en España de miles de kilos de cocaína a través de diversos medios de transporte, incluyendo narcosubmarinos y hexacópteros.

El Tribunal Constitucional, al tomar esta decisión, argumenta que en muchos de los casos, incluso aquellos que aún se encuentran bajo secreto de las actuaciones, no se ha proporcionado la información adecuada a los investigados sobre los hechos que se les imputan. La normativa establece que deben recibirse datos mínimos al respecto. Sin embargo, el Alto Tribunal sostiene que dicha información es casi siempre insuficiente, lo que vulnera el derecho de defensa de los detenidos. Como consecuencia, la Audiencia Nacional se ve obligada a ordenar la liberación de los narcotraficantes.

Esta resolución no solo impactará a los investigados en la mencionada operación, sino que también afectará a la mayoría de las macrocausas que se han llevado a cabo contra las grandes organizaciones del crimen organizado que operan en España y que han sido desarticuladas en los últimos meses. Ejemplos de ello incluyen el Cártel del Puerto de Valencia y la red supuestamente encabezada por El Marqués de Sanlúcar, hijo, que, con la colaboración de un guardia civil apodado Kobe Bryant, gestionaba, según la Policía, la llegada de importantes cargamentos de cocaína.

En esta causa también hay investigados que operan en el extranjero. Una parte significativa de la droga terminaba en manos del Cártel de Los Balcanes, el cual contaba con varios grupos armados que se dedicaban a asaltar buques mercantes en la ruta entre Vigo y Málaga, a la altura de Portugal, para "rescatar" alijos en alta mar. Se llevaron a cabo detenciones en Belgrado relacionadas con esta y otras operaciones, donde las conexiones internacionales están presentes, y esta nueva doctrina podría derribar dichas estructuras como si fueran un castillo de naipes.

Esto sucederá porque, además de la excarcelación, la autoridad judicial encargada de la instrucción deberá proporcionar una mayor cantidad de información sobre las investigaciones a los sospechosos, tal como lo ordena el Tribunal Constitucional, que se basa en la legislación europea. De este modo, algunos narcotraficantes podrán alertar a otros antes de ser detenidos, lo que dificultará en gran medida el progreso de las investigaciones.

Asimismo, hay un factor adicional que, a partir de este momento, se convertirá en un nuevo obstáculo para quienes combaten el crimen organizado en España. Los tribunales encargados de las macrocausas, tanto la Audiencia Nacional como, en su caso, los diversos tribunales regionales, deberán elaborar resoluciones mucho más detalladas cada vez que ordenen un ingreso en prisión. Si ya cuentan con escaso tiempo, recursos y medios para sus labores cotidianas, esta nueva doctrina contribuirá aún más al colapso del sistema judicial.

Una vez más, fuentes judiciales destacan la urgente necesidad de establecer juzgados especializados en crimen organizado en determinados lugares de España, siguiendo el modelo francés, para poder llevar a cabo investigaciones de manera eficaz, al tiempo que se protegen de forma inequívoca los derechos constitucionales de los sospechosos desde el inicio del proceso.

◢ NEWS ◣

Spain consolidates itself as the undisputed refuge of drug trafficking: an increase in releases is anticipated.

⟫ marzo 24, 2026 ⟫ Editorial

Title: Spain Consolidates as the Epicenter of Drug Trafficking: Imminent Wave of Releases

Full content: On numerous occasions, we have pointed out the fragility of the judicial system in Spain, which ultimately favors drug traffickers. This issue has even been addressed in a book titled "Paradise: Why Spain is the Epicenter of Global Drug Trafficking" (Plaza & Janés, 2026). The acquittals of Jonas Falk, known as the Swedish Pablo Escobar, as well as the subsequent releases and escapes of high-ranking leaders of the Mocro Mafia, along with the recent release of Commander Willy, leader of Los Tiguerones from Ecuador, are clear examples. To worsen the situation, a ruling from the Constitutional Court, issued on February 23, has literally dismantled investigations that had required months and even years of work.

The newspaper El País was the first to report in its Monday edition the release of 24 individuals investigated in the context of Operation Sombra Negra, an extensive police effort that began with the identification of a ghost wreck in Lanzarote, which served as a fuel station for drug traffickers. This operation resulted in dozens of arrests, most of which took place in the Campo de Gibraltar, related to the introduction of thousands of kilos of cocaine into Spain through various means of transport, including narco-submarines and hexacopters.

In making this decision, the Constitutional Court argues that in many cases, even those still under secrecy of the proceedings, adequate information has not been provided to the suspects regarding the charges against them. The regulations stipulate that minimal data must be received in this regard. However, the High Court maintains that such information is almost always insufficient, which violates the right to defense of the detainees. As a consequence, the National Court is forced to order the release of the drug traffickers.

This ruling will not only impact those investigated in the aforementioned operation but will also affect most of the major cases that have been conducted against large organized crime groups operating in Spain and that have been dismantled in recent months. Examples include the Valencia Port Cartel and the network allegedly led by El Marqués de Sanlúcar, son, which, with the collaboration of a civil guard nicknamed Kobe Bryant, managed, according to the Police, the arrival of significant cocaine shipments.

In this case, there are also suspects operating abroad. A significant portion of the drugs ended up in the hands of the Balkan Cartel, which had several armed groups dedicated to assaulting merchant ships on the route between Vigo and Málaga, near Portugal, to "rescue" loads at sea. Arrests were made in Belgrade related to this and other operations, where international connections are present, and this new doctrine could dismantle such structures as if they were a house of cards.

This will happen because, in addition to the release, the judicial authority in charge of the investigation will have to provide a greater amount of information about the investigations to the suspects, as ordered by the Constitutional Court, which is based on European legislation. Thus, some drug traffickers may alert others before being detained, significantly hindering the progress of investigations.

Furthermore, there is an additional factor that, from this moment on, will become a new obstacle for those combating organized crime in Spain. The courts responsible for major cases, both the National Court and, where applicable, the various regional courts, will have to draft much more detailed resolutions each time they order imprisonment. If they already have limited time, resources, and means for their daily tasks, this new doctrine will further contribute to the collapse of the judicial system.

Once again, judicial sources highlight the urgent need to establish specialized courts for organized crime in certain areas of Spain, following the French model, to effectively carry out investigations while unequivocally protecting the constitutional rights of suspects from the outset of the process.

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