Título: Sobrevive a un secuestro debido a una deuda por una descarga en A Illa de Arousa
Contenido completo: Incidentes como el que se relata en esta ocasión se producen ocasionalmente en el sombrío ámbito del narcotráfico en Galicia. No obstante, raramente se hacen públicos, por una razón fundamental: no se presentan denuncias. Así, cada vez que un narcotraficante exige el pago de una deuda a otro narcotraficante, aunque lo haga, como en este caso, mediante la violencia, los hechos no son comunicados ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, y no son objeto de investigación. Pocas veces, eso sí, terminan en la muerte de la víctima, como sucedió recientemente en un caso conocido esta semana en Asturias.
Sin embargo, en esta ocasión, la víctima decidió presentar una denuncia. Lo hizo pocas horas después de haber sobrevivido al suceso que le tocó vivir, una secuencia que incluyó un secuestro, brutales agresiones, extorsión y tortura, todo ello a manos de un grupo de individuos, algunos de los cuales eran conocidos por él, que le exigían el pago de una deuda "que un tercero mantenía con ellos por unas descargas y el transporte de estupefacientes", tal como ha quedado registrado en la sentencia, que es firme, elaborada por Xosé Xoán Barreiro, magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el mismo que condenó, entre otros, a Sito Miñanco. La acusación fue llevada a cabo personalmente por Pablo Varela Castejón, fiscal jefe.
El fallo ha sido firmado por todos los acusados, que son Roberto P.C., Francisco O.C., Iván P.L., Daniel F.N. y José B.C., residentes en A Illa de Arousa, Cambados, Poio, Cambados y Pontevedra, respectivamente. Todos ellos admiten la veracidad de los hechos y contra la sentencia no cabe ningún recurso.
En el texto se señala que "actuando todos ellos de manera conjunta y con el objetivo de que la víctima pagara a los dos primeros de ellos una deuda económica que un tercero mantenía con ellos por unas descargas y el transporte de sustancias estupefacientes, decidieron reunirse con él, privarle de su libertad y llevarlo a un lugar donde exigirle dicho dinero, asumiendo todos ellos que tendrían que golpearlo y amedrentarlo para conseguir ese dinero".
De este modo, fue Roberto quien inicialmente se encontró con la víctima en las cercanías de un colegio de A Illa. Poco tiempo después llegaron el resto de los acusados en otro vehículo y, tras comenzar a conversar, iniciaron los golpes, primero con un puñetazo y posteriormente con una amenaza utilizando una navaja al cuello. "Si no nos pagas, te voy a pinchar", le advirtieron.
A continuación, lo metieron a la fuerza en otro coche y le exigieron "como mínimo 5.000 euros", a lo que la víctima respondió que podría reunir 1.000 si hablaba con su padre. Durante el trayecto, que les llevó desde A Illa hasta Noalla, en el municipio de Sanxenxo, la víctima fue golpeada "en varias ocasiones". Una vez allí, en una vivienda deshabitada, le rompieron un macetero de barro en la cabeza y otro en la rodilla, y continuaron agrediéndolo.
El punto crucial en la resolución del caso se produjo cuando el secuestrado logró llamar a su padre para pedirle el dinero, informándole de que había sido secuestrado, lo que llegó a conocimiento de la Guardia Civil. Las agresiones y la extorsión continuaron allí y en un bar de Dena, en Meaño, hasta que los captores se dieron cuenta de que el Instituto Armado estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, lo que llevó a que dejaran a la víctima de nuevo en A Illa de Arousa, herido.
Al día siguiente de lo ocurrido y tras recibir atención médica por policontusiones en el PAC de Cambados, la víctima se dirigió a presentar una denuncia ante la Guardia Civil, lo que dio inicio a las investigaciones que ahora concluyen con esta sentencia condenatoria. Las lesiones, en todo caso, no fueron de gravedad.
El fiscal jefe, consciente de la complejidad que supone llevar a cabo un juicio con testigos en un caso en el que los acusados están vinculados al narcotráfico y conocen bien a la víctima, decidió aceptar un acuerdo en el que los cinco investigados reconocen los hechos, con una reducción en las penas que inicialmente solicitaba.
Así, la sentencia establece penas de un año y medio de prisión para cada uno de los acusados por el delito de detención ilegal, a lo que se suma otra de seis meses por extorsión, así como dos penas de multa por lesiones y amenazas. Además, para evitar la prisión, se les impone el pago de 3.600 euros o, en su defecto, la realización de 300 días de trabajos comunitarios.