Título: Desde Antonio Bardellino hasta Firass Taghi: España permite la fuga de los grandes capos

Contenido completo: En el año 1984, España se encontraba en una etapa democrática incipiente y aún distaba de cumplir con los estándares europeos. No fue sino hasta 1986 que el país se integró en la entonces Comunidad Económica Europea, actualmente conocida como Unión Europea, lo que hacía que cualquier escándalo judicial pudiese afectar seriamente la confianza internacional. Eran tiempos diferentes, en los que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial prestaban una mayor atención a las injerencias del crimen organizado internacional en el futuro del país. Más atención que la que parece otorgarse en la actualidad, a la luz de las decisiones adoptadas en estos días, que han permitido la liberación de destacados integrantes del crimen organizado, quienes posteriormente se distancian para evadir sus responsabilidades.

En febrero de 1984, la Justicia española experimentó en carne propia las consecuencias que la mafia puede acarrear en un Estado, dado que Antonio Bardellino se fugó del país tras supuestamente abonar 10 millones de pesetas a dos jueces, un hecho que no fue comprobado en el ámbito judicial. Bardellino era el líder camorrista que transformó a la mafia napolitana, un hecho que, aunque se menciona con rapidez, tiene una influencia crucial en el crimen organizado europeo.

En una época sin redes sociales, logró en pocos meses establecer contactos tan significativos que, supuestamente, influyeron en el magistrado del Tribunal Supremo de España, Jaime Rodríguez Hermida, quien a su vez actuó como intermediario con el instructor temporal de su caso, Ricardo Varón Cobos, permitiendo que Bardellino obtuviera su liberación mediante el pago de una fianza irrisoria de cinco millones de antiguas pesetas, equivalente a 30.000 euros.

La historia del capo de la Camorra podría resonar con los casos más recientes de fugas de notables narcotraficantes en España, tras supuestos errores judiciales, como los de Abdellah El Haj Sadek El Menbri, apodado El Messi del Hachís, Karim Bouyakhrichany y Firass Taghi, todos presuntos miembros de alto rango de la Mocro Mafia, o la liberación de personas de la importancia de Fikri Amellah.

Bardellino era un miembro reconocido de la Cosa Nostra, así como el líder de la Nueva Familia, una alianza de clanes de la Camorra que derrocó a la Nueva Camorra Organizada dirigida por Raffaele Cutolo.

En noviembre de 1983, fue arrestado en el pub Atticus, situado en la calle París de Barcelona. Es probable que la policía española tuviera escaso o ningún conocimiento del historial del clan que lideraba Bardellino. En aquellos años, la información y la cooperación internacional entre naciones no eran tan fluidas, y Italia no compartía tantos datos sobre sus fugitivos como lo hace en la actualidad. La Ciudad Condal sigue siendo un importante refugio para narcotraficantes italianos hasta el día de hoy, lo que sugiere que algo debe estar ocurriendo.

En ese momento, sobre Bardellino pesaban ya cuatro órdenes de arresto significativas. Tres de ellas estaban relacionadas con delitos de organización, y la cuarta por un atentado con coche bomba contra un aliado de su enemigo Raffaele Cutolo.

Durante aquellos años, en España, la mafia era considerada un fenómeno que solo existía en la célebre película El Padrino de Mario Puzo. Por ello, que un capo de La Camorra lograra establecer contactos judiciales a través de la novia de su guardaespaldas, Raffaele Scarnato, no resulta inverosímil. Esa mujer era Encarnación Reaño, quien realizó declaraciones impactantes a José Yoldi, periodista de El País, en mayo de 1984. Reaño afirmó que había recibido dinero por la fuga de Bardellino y señaló, entre otros, al magistrado del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida y al magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos, este último responsable de imponer la fianza que permitió al napolitano marcharse a Brasil.

Ninguno de los jueces fue condenado penalmente por el Tribunal Supremo, un hecho que generó otro escándalo. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial expulsó a ambos, aunque de forma casual, solo Hermida asumió las consecuencias. Varón Cobos pudo reanudar su actividad tras abonar una multa.

Este caso generó un cisma judicial y un escándalo internacional en su época, ya que era evidente que Bardellino había sobornado al sistema judicial español para evitar su extradición a Italia, lo cual logró. No se le volvió a ver en España y la versión oficial sostiene que fue asesinado en 1988 en Brasil por su antiguo aliado Mario Iovine. En Italia, su leyenda perdura, puesto que el cuerpo de Bardellino nunca fue hallado, y los camorristas que ahora se han convertido en arrepentidos disfrutan hablando de él, afirmando haberlo visto tras su supuesta muerte.

El caso del capo napolitano marcó el primer gran escándalo internacional en la España democrática relacionado con el crimen organizado. Para Italia, Antonio Bardellino era un objetivo primordial debido al crecimiento de su organización criminal, tal como lo son actualmente para Países Bajos figuras como Karim Bouyakhrichany y Firass Taghi: líderes de diversos clanes de la Mocro Mafia, siendo Taghi el hermano del máximo cabecilla, Ridouan Taghi.

En los casos mencionados, se han producido errores similares: las órdenes de extradición que pesaban sobre los narcotraficantes no se han ejecutado adecuadamente, permitiendo su fuga tras el pago de fianzas.

Un aspecto fundamental en las relaciones entre Estados es la confianza, especialmente cuando se trata de dos países que pertenecen a la Unión Europea. Para las autoridades ibéricas, debe ser prioritario restablecer la seguridad en Países Bajos, dado que los clanes más poderosos de la Mocro Mafia operan en todo el territorio español. Es esencial esclarecer su estructura, funcionamiento y capacidad económica. En Países Bajos, no solo asesinan, sino que también ejecutan atentados con explosivos. Este método aún no ha sido trasladado a España, pero podría llevarse a cabo en cualquier momento, dado que sus aspiraciones dentro del crimen organizado siguen creciendo.

Los clanes de la Mocro Mafia colocan anualmente cientos de bombas en Países Bajos y mantienen bajo amenaza a jueces, fiscales, funcionarios y periodistas que allí residen, quienes están bajo protección permanente. Que en España dos de sus principales miembros sean liberados debido a errores procesales es algo intolerable. No ha sido necesario que su defensa legal sea particularmente robusta para beneficiarse de esta situación; simplemente, alguien no cumplió con su deber y no ha sido sancionado por ello.

En la lucha contra el crimen organizado en España, no es imprescindible que aparezca un Giovanni Falcone, pero sí parece crucial que desde los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, se tomen en serio la clara amenaza que representa la expansión del crimen organizado en cualquier ámbito.

En este 2025, la primera jueza instructora del caso del doble asesinato de los guardias civiles en Barbate tuvo su vehículo rociado con pintura. Este acto constituye una evidente amenaza mafiosa contra la jueza, algo que, hasta hace pocos años, ninguna organización criminal se habría atrevido a hacer de manera tan descarada en España. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Es necesario abordar un problema que sigue creciendo, y que desde el Gobierno y el Poder Judicial solo se oculta, por el momento, bajo la alfombra.