**Título: Se valida la condena tras el gran alijo de cocaína en Galicia durante el confinamiento**

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado, en términos generales, la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra que impuso a Carlos Silla Otero, residente en Vilagarcía de Arousa, una pena de 15 años de prisión por ser el líder de la mayor red gallega dedicada a la introducción de cocaína mediante veleros que cruzaban el Atlántico hasta Sudamérica y regresaban cargados de fardos.

El fallo únicamente reduce la multa inicial de 720 millones a los 360 millones que finalmente se le imponen al cabecilla, un aspecto que tendrá escasa repercusión, ya que este tipo de sanciones económicas no se ejecutan en ninguno de los casos.

El tribunal, que se alinea por completo con los argumentos del fiscal jefe, considera a Silla como el coordinador de una organización capaz de mantener varias embarcaciones en el mar simultáneamente, entre las cuales se encuentra el Benirrás, barco que terminó hundido frente a las Rías Baixas en el área de A Guarda tras haber entregado alrededor de cuatro toneladas de cocaína a tres lanchas rápidas de menor tamaño, de las cuales dos fueron interceptadas en la ría de Arousa en marzo de 2020.

El fallo, en su esencia, establece que Silla era el propietario del Benirrás (y de otras embarcaciones destinadas a los mismos fines), que ordenó su preparación en el puerto de Portonovo a finales de 2020 y que lo trasladó personalmente a Huelva junto a Antolín Fernández Pajuelo, el individuo que lo patroneó hasta un punto en alta mar donde recibió la droga, regresando con ella hasta la entrada de la ría de Arousa, donde la entregó a las lanchas rápidas. La confesión de Pajuelo fue un elemento clave, aunque no el único, para incriminar a Silla, quien ya se encuentra cumpliendo una pena similar en Portugal tras ser apresado literalmente sobre 5.200 kilos de cocaína en otro barco de su propiedad, el G-SIRO.

La sentencia también indica que a finales de marzo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia, el velero descargó la droga, y aclara que una de las lanchas estaba marcada por las fuerzas de seguridad debido a una investigación previa. Esa baliza fue autorizada nuevamente tras varias solicitudes del EDOA de la Guardia Civil unos días antes del desembarco, lo que facilitó un amplio operativo de la Policía Nacional, Aduanas y la Guardia Civil para detener a tres de los tripulantes de esas narcolanchas e incautar gran parte de la droga que iba a ser desembarcada, todo ello tras una intensa persecución entre bateas en la ría de Arousa, un acontecimiento que no se recordaba en la zona desde hacía tiempo.

Un hecho probado también es que el Benirrás fue hundido de manera voluntaria cerca de A Guarda por instrucciones de Silla, después de que los vientos impidieran su regreso a la costa del Algarve portugués, que era la orden inicial del jefe de la organización, ya que allí contaba con puertos seguros. Tras el hundimiento (el pecio fue localizado posteriormente en una histórica operación submarina que fue informada en primicia por este periódico), Pajuelo y otro de los acusados salieron en la zodiac auxiliar con dos fardos de cocaína que tomaron para su uso personal "por si no nos pagaban", según lo que detalló el patrón en el contexto de una confesión en la que delató a su jefe, un hecho sin precedentes entre los narcotraficantes gallegos.

La sentencia condena a Silla a 15 años de prisión por su liderazgo, además de la multa de 360 millones de euros. A Jorge H. G.R., José O.T.A., Jesús M. V. y Jesús F.A.E. se les impone penas de diez años y medio de prisión. Los dos primeros formarían parte de la rama sudamericana de la red criminal, mientras que los otros dos eran integrantes de la organización gallega.

Respecto a Antolín Fernández Pajuelo, el tribunal tomó en consideración su confesión y, a pesar de su reincidencia, le impuso una pena de seis años y tres meses de cárcel, además de multas. Los otros dos confesos, César R.R. y José D.R.S., también vieron reducidas sus penas, fijadas en seis años y tres meses para el primero y tres años y cuatro meses para el segundo.

Sobre la polémica cuestión de la baliza y su legalidad, el tribunal aclara de manera precisa que el dispositivo de localización había quedado inactivo por orden judicial tras haber sido colocado en otra causa (en la que se investigaba la fabricación de lanchas para el narcotráfico), pero que no había podido ser retirado porque los investigados habían cambiado la embarcación de lugar y el nuevo destino era desconocido para la Guardia Civil y la Policía. Sin embargo, el Instituto Armado recibió en febrero de 2020 el aviso de que el dispositivo había sido activado (por el movimiento de la embarcación), por lo que presentó varios escritos al juzgado de Cambados solicitando su reactivación, algo que logró obtener dos días antes del desembarco. Por lo tanto, el procedimiento se llevó a cabo, según el dictamen, de acuerdo a derecho.